El régimen de Cuba emitió un comunicado el martes en el que describe sus reglas que prohíben el uso de las redes sociales o Internet para incitar manifestaciones o criticar al gobierno, así como un formulario para que los ciudadanos denuncien a los infractores.
Las órdenes se publicaron en el Boletín Oficial en respuesta a las mayores protestas en Cuba en años, que estallaron el mes pasado y, según los informes, fueron impulsadas en parte por publicaciones en aplicaciones de redes sociales.
El decreto firmado por la Ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, tenía como objetivo “prevenir, detectar y responder oportunamente a posibles actividades enemigas, criminales y dañinas que pudieran ocurrir en el ciberespacio”.
Prohíbe la difusión de contenidos que atenten contra “las normas constitucionales, sociales y económicas” del Estado o que inciten a manifestaciones u otros actos “que alteren el orden público”. También se dirige a los mensajes que justifican la violencia o que afectan la privacidad o la dignidad de las personas.
El decreto también prohíbe el “ciberterrorismo” destinado a subvertir el orden o desestabilizar el país, tipificándolo como delito de “muy alto” peligro.
Como resultado de la escasez de alimentos y medicamentos, los apagones, así como ciertas demandas políticas, miles de cubanos participaron en las protestas en Cuba el 11 y 12 de julio en toda la isla.
Gobiernos extranjeros, incluido el gobierno de los EE. UU., fueron acusados por el gobierno de utilizar las redes sociales para provocar disturbios, y se detuvo a un gran número de personas (los funcionarios no han proporcionado números específicos), así como el acceso a Internet fue restringido y los planes temporales de datos celulares fueron deshabilitados.
Cuba ya tiene leyes que penalizan a las personas por actos y palabras que amenacen su sistema comunista, a pesar del enfoque del nuevo decreto en Internet.
El boletín también emitió una ley que prohíbe la prestación de servicios de telecomunicaciones sin permiso oficial, con multas que oscilan entre $800 y $1,600.
En el pasado, el gobierno Cubano ha procesado con frecuencia a personas que utilizaron antenas parabólicas y decodificadores de televisión por satélite ilegales para obtener transmisiones de televisión estadounidenses.
Después de las protestas, la administración del presidente estadounidense Joe Biden anunció que está buscando métodos para proporcionar a los cubanos acceso autónomo a Internet en Cuba.
Los opositores republicanos han reprendido a Biden por no actuar lo suficientemente pronto.
